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El Tribunal Constitucional acaba de anular el impuesto de plusvalía municipal

Esta misma mañana, el Tribunal Constitucional  ha anulado de facto el impuesto de plusvalía municipal.

El Tribunal Constitucional considera que el cálculo del impuesto es inconstitucional al entender que el sistema de cómputo objetivo no se corresponde con la realidad, afectando al principio de capacidad económica recogido en el artículo 31 de la Constitución española.

Esta sentencia que responde una cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre los artículos 107.1, 107.2 a) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La sentencia considera que estos artículos son inconstitucionales y nulos porque establece un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.

En definitiva el Tribunal Constitucional no considera ajustado a derecho que se cobre el impuesto por una teórica subida del valor de los terrenos en base a un calculo que realizan los Ayuntamientos a una serie de coeficientes y valores catastrales, cuando en muchas ocasiones la venta se ha realizado incluso por debajo del valor de compra.

A juicio nuestro juicio, esta sentencia supone que será imposible que los ayuntamientos puedan cobrar la plusvalía municipal a partir de ahora, salvo que se cambie el sistema para su cálculo.

 

En este despacho veníamos defendiendo y asesorando a nuestros clientes para que se solicitase la no sujeción al impuesto en estos casos en que no se producía una ganancia real en base a otra sentencias del Tribunal Constitucional, la del año 2019  que declaró inconstitucional la plusvalía municipal cuando la cuota es superior al incremento patrimonial y la de 2017, donde el tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del real decreto -107.1, 107.2 a) y 110.4- en la medida que sometía a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor del inmueble.